Juicio Político al Ministro de Justicia Bonaerense Eduardo Di Rocco
La Plata, 23 de mayo de 2006
El bloque de diputados bonaerenses del ARI, integrado por Horacio Piemonte, Walter Martello, Sebastián Cinquerrui y Mario Fabris, presentó este martes 23 el pedido de juicio político al Ministro de Justicia Eduardo Di Rocco, por falta de cumplimiento a los deberes de funcionario público, por su responsabilidad en los hechos ocurridos en la Unidad Penitenciaria Nº 28 de Magdalena, que causaron la muerte de 33 personas, el 15 de octubre de 2005.
Los legisladores aristas manifiestan que existen suficientes pruebas que indicarían que al momento del trágico episodio de la Cárcel de Magdalena, había una preocupante superpoblación penitenciaria, falta de extintores para combatir las llamas (en todo el penal había 55 matafuegos, de los cuales sólo 31 estaban en condiciones de uso), falta de mangueras con las bombas que debían abastecerlas, además de colchones altamente inflamables y tóxicos.
Di Rocco habría incumplido las obligaciones y deberes establecido en el Capítulo IV, artículos 147º y subsiguientes de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y por la Ley Orgánica de los Ministerios, Ley 13.175, artículo 18, por la que el Ministro deberá responder ante el Pueblo Soberano por sus actos y omisiones en el cumplimiento del deber que juró cumplir, de afianzar la justicia y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y garantías constitucionales a todos los habitantes de la provincia.
El ARI asegura que “la tragedia ocurrida el 15 de octubre no es un hecho aislado y mucho menos fortuito ya que entre 2001 y 2003 se produjeron 7 denuncias de incendios en unidades dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense; el 22 de febrero de 2005, seis personas perdieron la vida en un incendio en el Hospital Penitenciario de la Unidad 22 de Lisandro Olmos; y entre el 11 y 12 de julio del mismo año, tres internas murieron y otras tantas detenidas resultaron gravemente lesionadas.
Este aporte se suma a los informes presentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Observatorio Internacional de Prisiones, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, el Comité de Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, la Dirección Provincial de Política Penitenciaria y Readaptación Social, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), quienes vienen advirtiendo desde hace años el estado catastrófico de las cárceles de la Provincia y las condiciones infrahumanas a las que son sometidas las personas privadas de su libertad.
Lo que resulta realmente sugestivo es que luego de las muertes de Magdalena se modificó la Ley de Excarcelaciones y se produjo el cambio de colchones y almohadas, también denunciadas penalmente por el bloque ARI, por un 82 por ciento de sobreprecios en su compra. La pregunta de los legisladores es: ¿tuvieron que morir 33 personas para hacer lo que la Ley, la Justicia y los Organismos Públicos y Privados le exigían?
Cabe destacar que, como lo establece el artículo 73, inciso 2, de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el Juicio Político es un procedimiento especial tendiente a evaluar la responsabilidad política de los funcionarios y así juzgar la conveniencia o no de su continuidad en el desempeño de un determinado puesto de gobierno, en base a cargos o hechos que se formulan a los acusados en relación de su actuación y la idoneidad que requiere para ejercerlo adecuadamente.
La valoración de la responsabilidad política es claramente diferente de la responsabilidad penal y civil, estas últimas orientadas a analizar si determinada conducta merece o no la imposición de una pena o si ante la verificación de un daño corresponde que el responsable proceda a su reparación.
Dip. Horacio Piemonte - Presidente
El bloque de diputados bonaerenses del ARI, integrado por Horacio Piemonte, Walter Martello, Sebastián Cinquerrui y Mario Fabris, presentó este martes 23 el pedido de juicio político al Ministro de Justicia Eduardo Di Rocco, por falta de cumplimiento a los deberes de funcionario público, por su responsabilidad en los hechos ocurridos en la Unidad Penitenciaria Nº 28 de Magdalena, que causaron la muerte de 33 personas, el 15 de octubre de 2005.
Los legisladores aristas manifiestan que existen suficientes pruebas que indicarían que al momento del trágico episodio de la Cárcel de Magdalena, había una preocupante superpoblación penitenciaria, falta de extintores para combatir las llamas (en todo el penal había 55 matafuegos, de los cuales sólo 31 estaban en condiciones de uso), falta de mangueras con las bombas que debían abastecerlas, además de colchones altamente inflamables y tóxicos.
Di Rocco habría incumplido las obligaciones y deberes establecido en el Capítulo IV, artículos 147º y subsiguientes de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y por la Ley Orgánica de los Ministerios, Ley 13.175, artículo 18, por la que el Ministro deberá responder ante el Pueblo Soberano por sus actos y omisiones en el cumplimiento del deber que juró cumplir, de afianzar la justicia y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y garantías constitucionales a todos los habitantes de la provincia.
El ARI asegura que “la tragedia ocurrida el 15 de octubre no es un hecho aislado y mucho menos fortuito ya que entre 2001 y 2003 se produjeron 7 denuncias de incendios en unidades dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense; el 22 de febrero de 2005, seis personas perdieron la vida en un incendio en el Hospital Penitenciario de la Unidad 22 de Lisandro Olmos; y entre el 11 y 12 de julio del mismo año, tres internas murieron y otras tantas detenidas resultaron gravemente lesionadas.
Este aporte se suma a los informes presentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Observatorio Internacional de Prisiones, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, el Comité de Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, la Dirección Provincial de Política Penitenciaria y Readaptación Social, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), quienes vienen advirtiendo desde hace años el estado catastrófico de las cárceles de la Provincia y las condiciones infrahumanas a las que son sometidas las personas privadas de su libertad.
Lo que resulta realmente sugestivo es que luego de las muertes de Magdalena se modificó la Ley de Excarcelaciones y se produjo el cambio de colchones y almohadas, también denunciadas penalmente por el bloque ARI, por un 82 por ciento de sobreprecios en su compra. La pregunta de los legisladores es: ¿tuvieron que morir 33 personas para hacer lo que la Ley, la Justicia y los Organismos Públicos y Privados le exigían?
Cabe destacar que, como lo establece el artículo 73, inciso 2, de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el Juicio Político es un procedimiento especial tendiente a evaluar la responsabilidad política de los funcionarios y así juzgar la conveniencia o no de su continuidad en el desempeño de un determinado puesto de gobierno, en base a cargos o hechos que se formulan a los acusados en relación de su actuación y la idoneidad que requiere para ejercerlo adecuadamente.
La valoración de la responsabilidad política es claramente diferente de la responsabilidad penal y civil, estas últimas orientadas a analizar si determinada conducta merece o no la imposición de una pena o si ante la verificación de un daño corresponde que el responsable proceda a su reparación.
Dip. Horacio Piemonte - Presidente
Dip. Walter Martello - Vicepresidente
Dip. Mario Fabris
Dip. Sebastián Cinquerrui
BLOQUE ARI
Provincia de Buenos Aires
BLOQUE ARI
Provincia de Buenos Aires
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posted by Concejal Mariano Amore @ 13:55
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